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La detención del alcalde de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lorenzo Lara Cordero, se suma a los casos de presidentes municipales investigados por presuntos delitos de corrupción, extorsión y posibles vínculos con grupos criminales. Las acciones han alcanzado también a exalcaldes, mandos policiales y otros funcionarios.
El operativo realizado el 3 de octubre en Suchiapa dejó 21 personas detenidas, entre ellas Lara Cordero y el expresidente municipal Alexis Nucamendi Gómez. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las investigaciones están relacionadas con presuntos delitos de abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.
En el despliegue, efectuado como parte de la Operación Enjambre, participaron autoridades federales y estatales. Además de los dos políticos, fueron detenidos mandos y elementos de la Policía Municipal, así como personal del ámbito judicial. Los aprehendidos quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
Las investigaciones estuvieron precedidas por la fuga de un presunto líder criminal de la cárcel municipal. El hombre había sido capturado junto con otras tres personas durante un operativo contra el narcomenudeo, realizado el 25 de septiembre. Su evasión dio lugar a indagatorias sobre la posible intervención de integrantes de la corporación local.
El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que las autoridades habían recibido denuncias sobre venta de drogas en Suchiapa, incluidas zonas cercanas a escuelas. Tras las primeras detenciones de policías municipales, la Secretaría de Seguridad del Pueblo asumió la vigilancia del municipio, colindante con Tuxtla Gutiérrez.
Los antecedentes en Jalisco y Oaxaca
Otro de los casos registrados este año ocurrió en Tequila, Jalisco. El 5 de febrero, autoridades federales detuvieron al alcalde Diego Rivera Navarro y a tres funcionarios de su administración, señalados por presuntamente participar en una red de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras.
Las investigaciones incluyeron denuncias por cobros excesivos de impuesto predial, multas y amenazas de clausura. Las autoridades también señalaron posibles vínculos de la red con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En Juchitán, Oaxaca, el presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano fue detenido en septiembre durante una intervención de fuerzas estatales y federales, bajo señalamientos de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del estado.
La detención ocurrió después de que el diseñador y artista muxe Elvis Guerra denunciara un ataque armado contra su vivienda y solicitara la intervención del gobierno federal. Esa secuencia temporal, por sí misma, no establece una responsabilidad del alcalde en el atentado.
El alcance de las investigaciones
Los casos comprenden indagatorias sobre presuntas redes de complicidad dentro de las administraciones municipales, con señalamientos que alcanzan tanto a autoridades electas como a funcionarios administrativos e integrantes de corporaciones policiales.
En Suchiapa, la Fiscalía estatal anunció que continuará las investigaciones para identificar a otros posibles responsables. Mientras tanto, las autoridades estatales mantienen el control de la seguridad municipal.
Las acusaciones contra los detenidos deberán acreditarse ante los tribunales. Su captura no equivale a una sentencia condenatoria.
